(20-08-2025) Desarrollar un proyecto minero de cobre en el Perú podría tardar 62 años desde su descubrimiento hasta el inicio de las operaciones, señaló Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía IPE, durante su exposición en el marco de la conferencia del Jueves Minero del 14 de agosto, que organiza semanalmente el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
La presentación contó como panelistas a Fernando Castillo, Consultor Independiente en Gestión Social en Minería y Energía; Guillermo Shinno, Exviceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas y Susana Vilca, Exministra de Energía y Minas
A pedido del IIMP, el IPE elaboró el estudio, “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero del Perú”, para escudriñar el caso de la tramitología en el Perú y ahondar en los retos y conveniencias que afronta el sector minero – los factores económicos, sociales y legales influyentes – para realizar un proyecto desde su inicio hasta la fase de producción; así como en las lecciones aprendidas para optimar costos, tiempos, y relaciones con las comunidades.
El promedio general para dicho proceso es de 40 años para todos los metales en el Perú, número muy superior al estándar global de 28 años, según estimaciones basadas en 42 proyectos analizados por el IPE, explicó Gallardo, añadiendo que, incluso eliminando etapas en que el Estado administró algunos yacimientos, el tiempo promedio en cobre sigue en 40 años.
El investigador desatacó que, el 60% de ese tiempo se consume antes de llegar a la factibilidad, mayormente por demoras en los permisos y retos técnicos. Como ejemplos más relevantes están Las Bambas, que demoró más de un siglo en iniciar su operación, y Quellaveco, con más de 80 años de espera.
Asimismo, de los 29 mayores proyectos de cobre paralizados en el mundo, el Perú reúne 9, lo cual equivale al 22% de la producción potencial mundial. Aún con los precios altos de los metales, la inversión minera en el Perú está detenida, no así en Chile, donde reacciona con montos superiores.
“Reducir los plazos de concesiones sin resolver la tramitología solo facilitaría el avance de la minería ilegal. Lo que necesitamos es acelerar proyectos viables y generar condiciones competitivas para nuevas inversiones”, aseveró Gallardo.
Sugirió así, superar esta circunstancia con tres acciones:
- Abreviar la tramitología con una Ventanilla Única eficiente.
- Reforzar las relaciones con las comunidades, vía el uso óptimo del canon y legislación transparente de la propiedad del territorio.
- Vigorizar la presencia estatal, para combatir la minería ilegal que daña proyectos en varias regiones.
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